Crimen de Estado muerte de Ernestina: Guillaumin
Presenta libro
Armando Landa Amorós /El Mundo de Orizaba
México 09 de marzo, 2008
Conferencia de Prensa de la Diputada Local del PRD Margarita Guillaumin, donde presentó su libro "Las Almas de los Muertos sin Justicias Jamás Descansan".
Agencias
Xalapa,Ver.-El deceso de doña Ernestina Ascencio Rosario “es un Crimen de Estado”, porque la mató el sistema político y de justicia del país, así lo sostiene la diputada local perredista, Margarita Guillaumin Romero en su libro: “Las Almas de los Muertos sin Justicia jamás descansan”, que presentó ayer en ocasión del Día Internacional de la Mujer.
A un año de la partida de esta mujer indígena de la comunidad de Tetlazinga, municipio de Soledad Atzompa, de la sierra de Zongolica, la legisladora del PRD, acompañada por representantes de diversos organismos no gubernamentales, destacó:
“Este caso es un enigma o mejor dicho un embrollo muy bien organizado, gracias a las múltiples versiones oficiales y oficiosas que sobre su defunción fueron dadas a conocer. A doña Ernestina, que en paz descanse, le negaron el acceso a la justicia, a nosotros el derecho a la verdad, a la información, a la certeza, a la seguridad”.
Por ello, aseguró que no se trató de un fallecimiento natural, sino de un feminicidio en donde se cometió una grave violación a los derechos humanos de una mujer indígena de 72 años, que dejó de existir a consecuencia de una violación múltiple por parte de militares.
La diputada perredista dijo que ante la hipótesis de que doña Ernestina no fue violada, entonces porqué se dio esa información en las instancias competentes y luego esa manipulación perversa de que murió por causas naturales y que supuestamente lo aceptó su familia.
“Doña Ernestina no solo murió a consecuencia de hechos y circunstancias que las autoridades ministeriales responsables de indagar fueron incapaces de esclarecer, demostrar e informar, sino que también y para mayor agravio se le hizo víctima después de muerta”, afirmó.
Hizo saber que reabrir la investigación sobre la muerte de la señora Ernestina, es un imperativo ético y jurídico y el fundamento legal para hacerlo está en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido a que “la investigación fue una porquería, pues las pruebas se perdieron”.
Sin embargó, lamentó que “desde la esfera del poder y las instituciones públicas de la federación y del estado” se pretende poner punto final al asunto.
Por eso, advirtió que la Red de Organizaciones Civiles en el Estado, no quitarán el dedo del renglón para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exija al gobierno mexicano que reabra el caso de doña Ernestina, “aunque sería difícil, pues se ha demostrado que no vivimos en un país que privilegie el estado de derecho, sino la impunidad para el Ejército al amparo de la Presidencia de la República.
A un año de la partida de esta mujer indígena de la comunidad de Tetlazinga, municipio de Soledad Atzompa, de la sierra de Zongolica, la legisladora del PRD, acompañada por representantes de diversos organismos no gubernamentales, destacó:
“Este caso es un enigma o mejor dicho un embrollo muy bien organizado, gracias a las múltiples versiones oficiales y oficiosas que sobre su defunción fueron dadas a conocer. A doña Ernestina, que en paz descanse, le negaron el acceso a la justicia, a nosotros el derecho a la verdad, a la información, a la certeza, a la seguridad”.
Por ello, aseguró que no se trató de un fallecimiento natural, sino de un feminicidio en donde se cometió una grave violación a los derechos humanos de una mujer indígena de 72 años, que dejó de existir a consecuencia de una violación múltiple por parte de militares.
La diputada perredista dijo que ante la hipótesis de que doña Ernestina no fue violada, entonces porqué se dio esa información en las instancias competentes y luego esa manipulación perversa de que murió por causas naturales y que supuestamente lo aceptó su familia.
“Doña Ernestina no solo murió a consecuencia de hechos y circunstancias que las autoridades ministeriales responsables de indagar fueron incapaces de esclarecer, demostrar e informar, sino que también y para mayor agravio se le hizo víctima después de muerta”, afirmó.
Hizo saber que reabrir la investigación sobre la muerte de la señora Ernestina, es un imperativo ético y jurídico y el fundamento legal para hacerlo está en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debido a que “la investigación fue una porquería, pues las pruebas se perdieron”.
Sin embargó, lamentó que “desde la esfera del poder y las instituciones públicas de la federación y del estado” se pretende poner punto final al asunto.
Por eso, advirtió que la Red de Organizaciones Civiles en el Estado, no quitarán el dedo del renglón para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exija al gobierno mexicano que reabra el caso de doña Ernestina, “aunque sería difícil, pues se ha demostrado que no vivimos en un país que privilegie el estado de derecho, sino la impunidad para el Ejército al amparo de la Presidencia de la República.
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